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Juez de Distrito Emite Orden Judicial Temporal que Impide la Aplicación de la Acción Diferida

Este artículo también está disponible en: Inglés, Portugués, Brasil

Por Lisa M. Rivas

Traducido por Jamal Fox

El 20 de noviembre de 2014, el presidente Obama anunció que está tomando una acción ejecutiva en la ley migratoria. En un esfuerzo por proporcionar alivio a los millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, el presidente Obama extendió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y creó el Programa de Acción Diferida Para los Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA). El programa de DACA extendido permite a las personas que llegaron antes del 1 de enero de 2010 y que cumplen con los requisitos del programa original de DACA solicitar un permiso de trabajo, número de seguro social y la acción diferida. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) debía comenzar a aceptar las aplicaciones bajo este programa extendido el 18 de febrero de 2015. DAPA también permite a ciertas personas solicitar un permiso de trabajo, número de seguro social y acción diferida. Se esperaba que USCIS comience a aceptar estas solicitudes en mayo.

Sin embargo, el 3 de diciembre de 2014, 26 estados, incluyendo Texas, presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la acción ejecutiva del 20 de noviembre del presidente Obama. El 16 de febrero de 2015, un tribunal federal del distrito en Texas aprobó la moción de interdicto preliminar por parte de los estados. Como resultado, ahora USCIS no puede continuar con su labor de cumplir con los plazos establecidos por el Presidente y USCIS. Por lo tanto, USCIS ya no está aceptando solicitudes para DACA bajo el programa extendido. Además, dependiendo del resultado del litigio, USCIS no sabe si podrá aceptar las solicitudes bajo el programa DAPA. La decisión del Tribunal no afecta al programa original de DACA, y USCIS aún sigue aceptando y procesando los casos bajo los requisitos originales.

El gobierno ha apelado la decisión de la Corte y, el 23 de febrero de 2015, el gobierno presentó una moción para suspender la medida cautelar en un esfuerzo por seguir aplicando la acción ejecutiva hasta que el litigio sea resuelto. En esta moción, el gobierno argumenta que la corte de Texas no tiene autoridad para emitir esta medida cautelar. Con el fin de minimizar los efectos de la medida, el gobierno también está buscando una estancia parcial a la medida cautelar que se  pretende aplicar en todo el país, y argumenta que sólo debe aplicarse a Texas.

El destino del programa extendido de DACA y el programa DAPA está en manos de la corte. Hasta que no se tome una decisión sobre la estancia y la apelación, la acción ejecutiva se encuentra paralizada. El Gobierno ha expresado su optimismo de que prevalecerá y que esta decisión no es más que un bache en el camino.

Lisa M. Rivas es abogada asociada de la Oficina de Danbury de Cramer & Anderson LLP. Si tiene alguna pregunta relacionada con este tema, puede comunicarse con la Dra. Rivas llamando al 203-744-1234 ext. 149 o por correo electrónico a lrivas@crameranderson.com.

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