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Malloy Aprueba Presupuesto de CT Pero Recorta la Ayuda a Ciudades para Compensar Costos de Prisión

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Por Keith M. Phaneuf y Mark Pazniokas 

 

El gobernador Dannel P. Malloy demostró a los legisladores el 2 de junio que hubo un precio fiscal a pagar por rechazar su reforma de fianzas y otras propuestas de anti-reincidencia. 

El gobernador aprobó el presupuesto de $19.76 mil millones de dólares de la legislación para 2016-17, pero sólo después de usar un veto poco utilizado de partidas presupuestarias para cancelar más de $22 millones destinados a los municipios, centros de salud y el consejo de la humanidad de Connecticut. 

Esto se hizo en gran parte para compensar los ahorros que de otro modo habrían sido logrados, según Malloy, mediante la aprobación de su iniciativa Sociedad de Segunda Oportunidad. 

“Tenemos un veto de partidas presupuestarias en Connecticut”, dijo Malloy. “De hecho, yo borré líneas. En realidad me puse mis iniciales junto a ellos. Y creemos que estamos ejecutando nuestras responsabilidades según la ley estatal”. 

El artículo XXVIII de las enmiendas a la constitución del estado exige un presupuesto equilibrado. Y a lo largo de las últimas semanas, el gobernador y otros miembros de su administración han dicho que el nuevo presupuesto supone $15 millones en ahorros ligados a iniciativas de segunda oportunidad. 

Pero mientras que la administración mantuvo esa estimación, el presupuesto aprobado no vincula los ahorros, directamente, a la segunda oportunidad. 

Asume $15.8 millones en ahorros relacionados con el cierre de una prisión, según la oficina no partidista de la legislatura de Análisis Fiscal. 

También redujo $34,8 millones de dólares de las operaciones generales del Departamento de Corrección. 

Sin embargo, el gobernador sostuvo que sin su programa contra la reincidencia, era preciso reducir los ahorros asumidos en el nuevo plan. 

Las cárceles de Connecticut contienen 350 delincuentes a diario que son acusados de “solamente delitos menores que no implican falta de comparecencia o cargos de violencia familiar, y que normalmente no suponen un riesgo para el público”, pero que son demasiado pobres para pagar la fianza, Malloy escribió en su carta a la secretaria de Estado Denise Merrill informándole tanto de sus vetos de partidas presupuestarias y su firma de la ley de presupuesto. 

“Y debido a (la) falta de acción de la Asamblea General sobre este cambio legislativo, estos acusados seguirán por semanas innecesarias en la cárcel, lo que limita severamente su capacidad de obtener empleo y una futura vivienda, y aumenta el riesgo de que vuelvan a cometer un delito, además de costar a los contribuyentes decenas de miles de dólares por día”. 

Malloy también redactó otra medida promulgando la cobertura del seguro de salud para detección de cáncer de mama con imágenes en 3-D que también sumarían costos al gobierno estatal que no se refleja en el presupuesto. 

Para compensar los costos de prisión y cuidado de salud, el gobernador canceló $775,000 en pagos a los centros de salud calificados a nivel federal y $1.7 millones para el consejo de la humanidad de Connecticut. 

Pero su principal acción de compensación implicó un corte definido en ayudas municipales que se impondrán después del comienzo del año fiscal. 

Ese corte había sido incluido en un presupuesto preliminar del 2016-17 promulgado el año pasado, pero se añadió un lenguaje que invalidó el requisito de ahorro en el nuevo presupuesto 2016-17 enviado al gobernador hace dos semanas. 

El veto del gobernador canceló ese lenguaje anulador, efectivamente restaurando el corte. 

Malloy alabó el presupuesto global, diciendo: “Creo que alinea el presupuesto de Connecticut con lo que aparentemente es nuestra nueva realidad económica de lento crecimiento de los Estados Unidos, donde las tasas de crecimiento no son lo que acostumbrábamos a ver. Estoy orgulloso del presupuesto. Ha sido un proceso duro llegar a este punto”. 

El nuevo plan cerró un déficit de casi mil millones de dólares en las finanzas del 2016-17 y redujo significativamente mayores deficiencias previstas en cada uno de los dos años fiscales siguientes. 

El presupuesto evita aumentos de impuestos y no toca las modestas reservas de emergencia del estado. 

Incluso antes del veto de partidas presupuestarias de Malloy, el plan redujo los aumentos prometidos en ayuda municipal y transporte por $125 millones y $50 millones, respectivamente, al recortar fondos para los salarios de los empleados estatales más allá de los ahorros esperados de la actual ronda de despidos de trabajadores. 

Los hospitales, hogares de ancianos y servicios sociales comunitarios todos enfrentan recortes, aunque las reducciones no son tan profundas como las propuestas anteriormente. 

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