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Recortes Presupuestarios de Malloy Nuevamente Afectan a Servicios Sociales, Universidades, Tribunales Por Keith M. Phaneuf, Jacqueline Rabe Thomas y Arielle Levin Becker

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CTMirror.com
Traducido por Jamal Fox

El 23 de enero, el gobernador Dannel P. Malloy dio a conocer un recorte de gastos de más de $31.5 millones en su segunda ronda de reducciones presupuestarias de emergencia, siendo los más afectados los servicios sociales, colegios y universidades públicas y el sistema judicial estatal.
La agencia principal de presupuestos de la Administración, la Oficina de Política y Gestión, básicamente decretó un recorte de $24,6 millones para 29 agencias y establecimientos de educación superior.
El gobernador, quien tiene autoridad limitada para decretar recortes de manera  unilateral, también solicitó nuevas reducciones de $7 millones al poder judicial y legislativo, así como a los organismos de vigilancia del estado, todos los cuales están exentos de la ley de rescisión presupuestaria.
“Sabemos que estas rescisiones afectan a los programas que ayudan a la gente de Connecticut, pero debemos controlar los gastos para evitar un déficit a fin de año”, declaró en un comunicado el director de presupuestos de Malloy, el secretario OPM Benjamin Barnes.
“Desafortunadamente, la capacidad del gobernador de hacer recortes presupuestarios a mediados de año está limitado por la cantidad y tema. Nosotros seguiremos examinando los gastos del Estado, y si fuera necesario, el gobernador tomará medidas adicionales o propondrá medidas adicionales para la legislatura, para mantener el presupuesto de este año en equilibrio. Se tomarán estas decisiones a medida que desarrollemos el presupuesto del siguiente año, que también requerirá de algunas decisiones muy difíciles”.
Aún Queda un Balance Negativo
La administración Malloy reportó un déficit de casi $121 millones a principios de esta semana. Y a pesar que esto representa menos del 1 por ciento del fondo general de este año, cubriendo la mayor parte de los costos operacionales del estado, la mayor parte del gasto total está ligado a contratos u otras obligaciones y no puede reducirse rápidamente.
La ley estatal requiere que el gobernador presente un plan más detallado de mitigación de déficit para la legislatura cuando el controlador certifique un déficit superior al 1 por ciento. En el presupuesto de este año, esto implicaría un déficit que supera los $175 millones.
Los líderes de la minoría republicana en la Cámara y Senado han acusado al gobernador demócrata con resolver la tinta roja presupuestaria de este año de forma incoherente, con la esperanza de evitar ser obligado a elaborar un plan formal de reducción de déficit.
Malloy, quien ganó la relección de un segundo mandato en noviembre, pasó gran parte del último otoño insistiendo que las finanzas del estado estaban estables.
“Recortar los gastos es la forma de solucionar la crisis financiera de nuestro estado”, dijo el senador Robert Kane de Watertown, senador del Partido Republicano en el Comité de Asignaciones. “Simplemente no podemos permitirnos más y más subidas de impuestos en este estado. Nos enfrentamos a problemas multimillonarios en los próximos años. Debemos mantenernos enfocados en cómo se gasta el dinero de los contribuyentes y examinar cada línea del presupuesto para hacer recortes”.
No fue inmediatamente claro qué parte del déficit presupuestario global sería eliminado por los últimos recortes.
Esto es porque cada presupuesto estatal se equilibra, en parte, sobre “lapsos” – metas de ahorro asumidos que se espera que las agencias logren durante el año fiscal. Y las órdenes de rescisión a veces cancelan los gastos que las agencias ya habían planificado suspender para lograr sus objetivos de ahorro. En estos casos, el gobernador rescinde los gastos que ya efectivamente se han cortado, ahorrando nada al estado.
Pero incluso si todos los recortes anunciados son aplicados al déficit, aún queda por resolver un déficit de $90 millones.
Los Servicios Sociales y la Atención de Salud Son los Más Afectados
Casi 11 millones de dólares fueron tomados de varias agencias de servicio social.
El mayor recorte fue para el Departamento de Servicios de Desarrollo, que perdió $8,4 millones.
Más de la mitad de aquellos fondos provenían de otros programas de apoyo para personas con discapacidad, o para servicios de voluntariado.
Un recorte más pequeño de casi $60,000 fue para un programa del Departamento de Salud Pública que paga la atención médica de pacientes con tuberculosis. El departamento lo incluyó en la lista de posibles recortes presupuestarios presentados a la oficina de presupuesto de Malloy, pero señaló que la reducción de fondos para este programa “podría resultar en menos pacientes que reciben tratamiento y que la tuberculosis podría transmitirse a otras personas en la comunidad.”
Las Universidades y Tribunales se Enfrentan a Más Recortes
Las universidades de Connecticut, un blanco frecuente de los recortes de emergencia de los gobernadores en el pasado debido a las grandes subvenciones operacionales que reciben del presupuesto estatal, sufrió un recorte de $6,2 millones el 23 de enero, y eso es después de perder $6,5 millones durante la primera ronda de recortes de emergencia que Malloy decretó a mediados de noviembre.
No fue inmediatamente claro cómo los colegios y universidades públicas ajustarían sus presupuestos para compensar la reducción en ayuda estatal.
Ambas rondas de reducciones afectan a la Universidad de Connecticut y al Centro de Salud de UConn en Farmington, así como universidades estatales y colegios comunitarios. Todas las unidades educativas superiores del estado sufrieron importantes recortes de ayuda estatal el 2011, cuando Malloy y los legisladores lidiaban con un déficit presupuestario récord de $3,7 mil millones. La ayuda estatal logró regresar a los niveles pre-2011 recién ahora.
A principios de esta semana, una portavoz de UConn confirmó que 15 trabajadores habían recibido notificaciones de despido, pero insistió que esto era parte de una reorganización y no un esfuerzo por ahorrar costos.
“Habiendo recibido las cifras, UConn ahora debe examinar sus opciones y tratar de determinar las formas más adecuadas para abordar estas rescisiones,” dijo la portavoz de UConn, Stephanie Reitz.
La Junta de Regentes de Educación Superior, que supervisa a los 12 colegios comunitarios y cuatro universidades estatales, fue golpeada con un recorte de $2.5 millones.
La directora de presupuestos del sistema, Erika Steiner, dijo recientemente que tales recortes a menudo significan que los puestos vacantes deben quedar vacíos. “A medida que las cosas se exprimen, nos encontramos manteniendo puestos vacantes”, dijo Steiner.
“Así es como casi siempre ahorramos dinero. Nosotros no llenamos los puestos vacantes. Esforzamos aún más a todo el personal que ya está aquí”.
El poder judicial, que a petición de Malloy acordó a mediados de noviembre renunciar $6 millones de sus fondos, fue pedido por el gobernador durante este anuncio a renunciar otros $6 millones.

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