Varias leyes de Connecticut entran en vigor el 1 de octubre de 2026. Para las familias inmigrantes, los principales cambios se relacionan con el control migratorio en escuelas y otros espacios comunitarios, las reglas para inquilinos y las infracciones de tránsito que pueden llevar al contacto con la policía. Un cambio federal por separado, en la misma fecha, también podría afectar la cobertura de HUSKY Health de algunas familias. Consulte nuestro artículo sobre HUSKY en esta edición.

Protecciones en Escuelas y Espacios Comunitarios

La Ley Pública 26-14 restringe que los agentes del orden detengan a una persona por una infracción civil en una instalación estatal o municipal o un área designada como protegida, a menos que el agente esté actuando oficialmente y tenga una orden judicial para esa persona. Las áreas protegidas incluyen escuelas, centros de cuidado infantil, hospitales, lugares de culto y de servicios sociales. Las paradas de autobuses escolares también están incluidas cuando hay niños presentes.

Una orden judicial es diferente de los documentos emitidos por una agencia de inmigración. Aun así, las familias no deben interpretar la ley como garantía de que los agentes de inmigración nunca aparecerán en estos lugares. La restricción se refiere a la detención por infracciones civiles en lugares específicos, y su aplicación a agentes federales podría ser impugnada. Las familias con inquietudes específicas deben consultar a un abogado de inmigración calificado o representante legal acreditado.

Deje el Teléfono Antes de Conducir

Connecticut está actualizando su ley sobre conducción distraída para prohibir expresamente sostener o apoyar un dispositivo electrónico móvil con cualquier parte del cuerpo mientras conduce. Los cambios también abarcan videos o imágenes en movimiento visibles para el conductor, con excepciones para sistemas permitidos de navegación y asistencia del vehículo. Revisar un mensaje o desplazarse por el teléfono en un semáforo en rojo puede dar a la policía motivo para detener al conductor. Los conductores deben establecer su ruta antes de salir y usar un dispositivo de navegación debidamente instalado.

Las consecuencias pueden ser más graves en una zona de obras en carretera. Según la Ley Pública 26-120, realizar una actividad prohibida por la ley de conducción distraída mientras conduce en una zona de obras en carretera constituye conducción imprudente. A diferencia de una infracción común por conducción distraída, la conducción imprudente es un delito menor. Puede resultar en multa, cárcel o ambas: hasta 30 días por una primera infracción y hasta 364 días por una infracción posterior.

Un cargo penal de tránsito puede tener consecuencias en un caso de inmigración, pero el resultado depende del cargo específico, de cómo termine el caso y del historial migratorio de la persona. Una multa no causa automáticamente la deportación. Quien no sea ciudadano de Estados Unidos y sea acusado de conducción imprudente debe informar a su abogado defensor sobre su estatus migratorio y buscar asesoría de inmigración antes de aceptar un acuerdo judicial, incluso si la sentencia propuesta no incluye cárcel.

Deténgase Ante los Autobuses Escolares

Otra ley del 1 de octubre agrega una suspensión de seis meses de la licencia o del privilegio de conducir después de una tercera infracción, o una infracción posterior, de la obligación de detenerse ante un autobús escolar. La suspensión se suma a las sanciones existentes. Puede afectar el trabajo y las responsabilidades familiares, mientras conducir con la licencia suspendida puede generar otros problemas legales.

Estos cambios de tránsito son importantes para los hogares inmigrantes por una razón práctica: una parada evitable puede poner al conductor en contacto con la policía, y un cargo penal puede requerir una revisión cuidadosa en un asunto migratorio actual o futuro. No todas las multas tienen las mismas consecuencias.

Regla Más Clara Sobre Servicios Públicos para Inquilinos

La Ley Pública 26-113 prohíbe que un contrato de alquiler residencial exija a los inquilinos pagar por separado los servicios públicos, a menos que un medidor separado mida los servicios suministrados exclusivamente a su unidad. Se aplica a contratos celebrados o renovados a partir del 1 de octubre. Una cláusula prohibida no puede hacerse cumplir, aunque los propietarios pueden estimar los costos de los servicios e incluirlos en el alquiler establecido.

Antes de firmar o renovar un contrato, los inquilinos deben preguntar qué servicios están incluidos, si su unidad tiene medidor propio y cuál será el costo mensual total. La nueva regla no modifica automáticamente todos los contratos existentes.

Mayor Fiscalización de los Depósitos de Seguridad

La Ley Pública 26-79 autoriza al comisionado bancario de Connecticut, después de una investigación, a imponer sanciones civiles por determinadas violaciones de las leyes estatales sobre depósitos de seguridad. La medida amplía las opciones de fiscalización del estado, pero no significa que toda disputa sobre una deducción resultará en una sanción o reembolso automático. Los inquilinos deben conservar su contrato, recibo del depósito, fotografías y comunicaciones por escrito.

Cambio Federal en HUSKY Health

También el 1 de octubre, nuevas reglas federales de elegibilidad afectarán la cobertura de HUSKY Health para determinados no ciudadanos. El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (DSS) informa que los refugiados, las personas que recibieron asilo, las víctimas de trata de personas y las personas con "humanitarian parole" dejarán de ser elegibles bajo esas categorías. Algunas personas que desde entonces hayan obtenido el estatus de residente permanente legal podrían ser elegibles bajo reglas diferentes.

El DSS informa que notificará a los hogares afectados y solicitará documentos cuando sea necesario. Las familias deben actualizar su dirección con el DSS, leer cuidadosamente cada aviso y preguntar por separado sobre la elegibilidad de cada miembro del hogar. Un cambio en la cobertura de uno de los padres no significa, por sí solo, que un hijo haya perdido su cobertura.

Fuentes: Asamblea General de Connecticut y Departamento de Servicios Sociales de Connecticut.