La Administración Trump tomó la medida de suspender de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para personas provenientes de 75 países, lo que ha generado preguntas sobre cómo funciona esta política, a quiénes afecta y qué significa para las familias que buscan la residencia permanente legal en Estados Unidos. Organizaciones de inmigración y derechos civiles advierten que la decisión podría retrasar la reunificación familiar, restringir las vías legales de inmigración y ampliar significativamente la forma en que se aplican las normas migratorias existentes.

En esencia, la política pausa la emisión de visas de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero. Las visas de inmigrante permiten a las personas mudarse a Estados Unidos de forma permanente como residentes permanentes legales, comúnmente conocidos como titulares de la “green card”.

Autoridades de la administración afirman que la suspensión se basa en preocupaciones relacionadas con la “carga pública”, un concepto del derecho migratorio utilizado para evaluar si una persona inmigrante podría depender de ciertos beneficios públicos en el futuro. Defensores legales sostienen que la política aplica este concepto de una manera que se aparta de la práctica histórica.

El National Immigration Law Center, una organización nacional de defensa que se enfoca en proteger y promover los derechos de inmigrantes de bajos ingresos mediante análisis de políticas, litigios y educación pública, señaló que la suspensión opera como una restricción amplia a la inmigración legal basada en la nacionalidad.

Joanna Cuevas Ingram, abogada principal de la organización, indicó que la política bloquea a personas que ya han cumplido con las leyes migratorias de Estados Unidos y completado los pasos requeridos para inmigrar legalmente.

Entendiendo qué es lo que se está suspendiendo

La suspensión se aplica específicamente a las visas de inmigrante, no a las visas temporales o no inmigrantes.

Las categorías de visas de inmigrante afectadas incluyen:

• Visas de inmigración basadas en la familia, que permiten a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales patrocinar a familiares cercanos como cónyuges, hijos menores, padres y, en algunos casos, hijos adultos
• Visas de inmigración basadas en empleo, utilizadas por trabajadores patrocinados por empleadores estadounidenses para puestos permanentes
• Visas de diversidad, comúnmente conocidas como la lotería de visas, que otorgan residencia permanente a solicitantes de países con históricamente bajos niveles de inmigración a Estados Unidos

Las visas temporales, como las de turismo, estudio o trabajo a corto plazo, no están incluidas en la suspensión.

Defensores afirman que el mayor impacto recae sobre la inmigración basada en la familia, que durante décadas ha sido la principal vía legal para la reunificación familiar en Estados Unidos.

Entendiendo cómo se ven afectadas las familias

Debido a que las visas de inmigrante se procesan fuera de Estados Unidos, la suspensión afecta directamente a familias que se encuentran separadas por fronteras.

Defensores de inmigración advierten que la política podría resultar en retrasos indefinidos, incluso para personas cuyas solicitudes de visa fueron aprobadas antes de que se anunciara la suspensión.

Las familias afectadas pueden incluir:

• Ciudadanos estadounidenses que esperan reunirse con sus cónyuges o hijos
• Padres separados de hijos menores durante largos períodos
• Hijos adultos que no pueden traer a sus padres para vivir con ellos
• Familias que quedan sin un cronograma claro ni opciones legales alternativas

Los defensores señalan que los retrasos en el procesamiento de visas de inmigrante pueden durar años y, con frecuencia, generan tensión emocional, financiera y legal para las familias en ambos lados de la frontera.

La organización legal nacional Democracy Forward, que se enfoca en impugnar políticas federales mediante litigios y promover valores democráticos, derechos civiles y la rendición de cuentas del gobierno, indicó que la suspensión encaja en un patrón más amplio de restricciones migratorias basadas en el origen nacional.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de la organización, afirmó que la política contradice leyes migratorias de larga data y la historia del país como una nación formada por inmigrantes. Señaló que Democracy Forward planea impugnar la política en los tribunales.

Entendiendo qué países están incluidos

La suspensión se aplica a nacionales de 75 países, muchos de ellos ubicados en África, América Latina, el Caribe, Asia y Medio Oriente. Grupos defensores señalan que muchos de estos países ya enfrentan largos atrasos en el procesamiento de visas y acceso limitado a vías legales de inmigración.

Los países afectados son:

Afganistán; Albania; Argelia; Antigua y Barbuda; Armenia; Azerbaiyán; Bahamas; Bangladesh; Barbados; Bielorrusia; Belice; Bután; Bosnia y Herzegovina; Brasil; Birmania (Myanmar); Camboya; Camerún; Cabo Verde; Colombia; Costa de Marfil; Cuba; República Democrática del Congo; Dominica; Egipto; Eritrea; Etiopía; Fiyi; Gambia; Georgia; Ghana; Granada; Guatemala; Guinea; Haití; Irán; Irak; Jamaica; Jordania; Kazajistán; Kosovo; Kuwait; República Kirguisa; Laos; Líbano; Liberia; Libia; Moldavia; Mongolia; Montenegro; Marruecos; Nepal; Nicaragua; Nigeria; Macedonia del Norte; Pakistán; República del Congo; Rusia; Ruanda; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; Senegal; Sierra Leona; Somalia; Sudán del Sur; Sudán; Siria; Tanzania; Tailandia; Togo; Túnez; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; y Yemen.

Defensores afirman que solicitantes de estos países pueden enfrentar retrasos independientemente de vínculos familiares, patrocinio laboral o aprobaciones previas.

Entendiendo el argumento de la “carga pública”

La administración ha citado preocupaciones relacionadas con la “carga pública” como base para la suspensión. Bajo la ley migratoria, esta determinación evalúa si una persona probablemente dependerá principalmente de ciertos beneficios gubernamentales para su sustento a largo plazo.

Expertos legales indican que la política actual representa un cambio significativo, al aplicar este estándar de forma generalizada a nacionalidades enteras, en lugar de evaluar solicitudes individuales.

El Western Center on Law & Poverty, una organización legal con sede en California que trabaja para promover la justicia económica y proteger el acceso a beneficios públicos para comunidades de bajos ingresos, señaló que la política se basa en suposiciones no respaldadas por evidencia.

Su directora ejecutiva, Cori Racela, afirmó que las familias inmigrantes suelen ser menos propensas a utilizar asistencia pública y más propensas a trabajar y pagar impuestos, aun cuando muchos inmigrantes no son elegibles para la mayoría de los beneficios públicos.

Los defensores también subrayan que la mayoría de los inmigrantes patrocinados por familiares deben contar con un patrocinador financiero, quien debe cumplir requisitos de ingresos y firmar una declaración jurada legalmente vinculante de apoyo económico, lo que reduce la probabilidad de dependencia de asistencia pública.

Críticos sostienen que la política ignora estas salvaguardas y, en su lugar, utiliza la nacionalidad como sustituto del riesgo económico.

Entendiendo qué pueden esperar las familias con solicitudes pendientes

Defensores legales de inmigración indican que las familias con solicitudes de visas de inmigrante pendientes o aprobadas deben entender que la suspensión afecta el procesamiento consular, no la validez de la petición familiar subyacente.

Orientación legal de organizaciones como el National Immigration Law Center y la American Immigration Lawyers Association ha enfatizado de manera constante durante suspensiones anteriores que las peticiones familiares aprobadas generalmente permanecen vigentes, a menos que sean retiradas por el patrocinador o revocadas formalmente por el gobierno.

Los defensores recomiendan que las familias se concentren en preservar sus casos existentes, mientras monitorean los avances relacionados con desafíos legales y posibles cambios de política. También aconsejan consultar con el abogado o representante acreditado que preparó la solicitud original.

De manera general, se recomienda a las familias:

• Conservar copias de todas las solicitudes migratorias, recibos y notificaciones de aprobación
• Monitorear el estado oficial de sus casos a través de los canales gubernamentales
• Mantener actualizada su información de contacto con las autoridades migratorias
• Buscar orientación de abogados de inmigración calificados o representantes acreditados antes de tomar cualquier acción

Se esperan impugnaciones legales a la suspensión, pero los defensores advierten que los procesos judiciales pueden tardar y que los resultados siguen siendo inciertos. Organizaciones de derechos de inmigrantes afirman que continuarán monitoreando la situación y emprendiendo acciones legales, señalando que el panorama sigue siendo dinámico y sujeto a cambios.

Fuentes: National Immigration Law Center; Democracy Forward; Western Center on Law & Poverty